EL JUEZ GARZÓN FABRICÓ UNA ARGUCIA PARA DISFRAZAR DE LEGAL EL FASCISTA CIERRE DEL EGIN Y DE EGIN IRRATIA. Lo ha evidenciado un auto de la Audiencia Nacional.
ATROPELLO POLÍTICO SIN BASE JURÍDICA.
Editorial de GARA publicado el 5 de julio de 2001.

Atropello político sin base jurídica

El cierre de "Egin" y "Egin Irratia" fue una medida política para acallar una voz incómoda para el Estado español en el panorama informativo de Euskal Herria y, al mismo tiempo, dejar constancia de hasta dónde estaban dispuestos a llegar determinados poderes en su lucha contra el movimiento abertzale. Así lo evidenciaron, abiertamente, las elocuentes palabras del presidente del Gobierno, José María Aznar, lanzadas desde Turquía: «¿Acaso pensaban que no nos íbamos a atrever?». El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el encargado de revestir aquella operación de cierto ropaje jurídico y encarceló bajo la acusación del delito de «integración en organización terrorista ETA-KAS» a varios miembros del Consejo de Administración de Orain y Ardatza y al director del diario.

Si en todo momento estuvo claro que la base jurídica para el cierre de "Egin" y "Egin Irratia" era sumamente endeble, con el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional conocido anteayer acabó por desaparecer cualquier vestigio de soporte legal para tan drástica decisión. Baltasar Garzón había encontrado un asidero para la clausura de ambos medios de comunicación en que eran una parte de ETA, lo que trataba de mantener acusando a sus máximos responsables de «integración en organización terrorista». Sin embargo, el auto de la Sección Cuarta elimina esta consideración y entiende que los hechos que se les imputan a los procesados «pueden ser constitutivos de un delito de colaboración con banda armada». Este matiz ­sustancial en cuanto a la situación personal de los acusados y también para el conjunto de la causa­ hace que desaparezca cualquier posibilidad legal de justificar el cierre del periódico y la radio.

Con estos datos se hace más evidente aún que la clausura de "Egin" y "Egin Irratia" constituyó un atropello. Fue un ataque directo a la libertad de expresión, cercenó el derecho de decenas de miles de personas a informarse por los medios que consideraban más adecuados y conculcó también los derechos sociales y laborales de los trabajadores de aquellos medios. Y tal decisión, que tuvo consecuencias irreversibles, sigue hoy, tres años después, sin haber sido sometida a un juicio oral en el que puedan ser escuchadas todas las partes y las acusaciones deban ser demostradas. Lo único demostrado es que, una vez más, el Estado no tuvo empacho en saltarse a la torera su propia legalidad para la obtención de fines políticos. *